La Cámara de Diputados avanzó en la organización de un esquema de participación ciudadana previo al tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares y confirmó la realización de audiencias públicas para debatir el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado.
La definición se adoptó en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano —encabezada por José Peluc— y de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz. En ese ámbito se resolvió que las exposiciones se desarrollen los días 25 y 26 de marzo, en el horario de 10 a 19.
En un primer momento, el oficialismo había propuesto concentrar el intercambio en una única jornada. Sin embargo, tras planteos formulados por distintos bloques opositores, se acordó extender el cronograma a dos días para ampliar la cantidad de oradores y garantizar mayor diversidad de posturas.
Según lo establecido, la apertura será presencial en el Congreso, mientras que la segunda jornada estará orientada principalmente a especialistas y referentes del interior del país, quienes podrán intervenir de manera virtual a través de plataformas digitales.
Algunos legisladores impulsaron la posibilidad de trasladar el debate a provincias con presencia de glaciares, pero esa alternativa no prosperó. Desde el oficialismo argumentaron que el carácter federal del proceso queda asegurado con la modalidad mixta y la posibilidad de participación remota.
El proyecto en discusión
La iniciativa que será analizada recibió media sanción del Senado el 26 de febrero, con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. El texto propone modificar las definiciones de glaciar y ambiente periglacial y establece que la administración y el aprovechamiento racional de los recursos naturales quedarán bajo competencia provincial, ampliando las facultades de los gobiernos locales en materia de control y supervisión.
Sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas advirtieron que, si determinadas áreas dejan de integrar el Inventario Nacional de Glaciares, podrían habilitarse actividades como la exploración minera o hidrocarburífera, en función de la decisión que adopte cada provincia.
Argumentos y marco legal
El reclamo para convocar a audiencias públicas fue promovido por legisladores referenciados en Maximiliano Ferraro, quienes fundamentaron el pedido en el Acuerdo de Escazú —incorporado al ordenamiento jurídico argentino a través de la Ley 27.566—, así como en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente.
Durante las jornadas, los participantes tendrán acceso al texto vigente de la ley, a la versión aprobada por el Senado y al registro taquigráfico del debate en la Cámara alta. La inscripción permanecerá habilitada hasta 24 horas antes del inicio y las exposiciones serán transmitidas por los canales institucionales de la Cámara.
